Los convencionales aprobaron la creación de la Fiscalía Anticorrupción, la Defensoría del Pueblo y dieron rango constitucional al derecho a réplica. Además, en la sesión de este viernes, sancionaron la defensa como patrimonio nacional de las Malvinas, así como la asistencia y protección a los veteranos de guerra. En ese marco, ex combatientes acompañaron las deliberaciones en el recinto, el presidente de la Asamblea reformadora, Jorge Busti, les hizo entrega de la resolución sancionada y el pleno los homenajeó con un aplauso cerrado. También aprobaron los derechos de la familia, la niñez y la adolescencia, en la obligación del Estado de protegerlas y asegurarles igualdad de oportunidades. Ahora volverán a sesionar el lunes desde las 9 y se tratará sobre tablas el régimen municipal
30.8.08
22.8.08
Derecho a la Vida
Cinco temas más, entre ellos la Ética Pública y la Publicidad Oficial fueron sancionados
La Convención aprobó el Derecho a la Vida desde la concepción hasta la muerte digna
Protección y aliento a medios de comunicación, Desconcentración de entes, Propiedad Privada y Turismo, Ética Pública, Publicidad Oficial y Derecho a la Vida fueron los temas sancionados en el pleno de este viernes de la Convención y serán incluidos en la nueva Constitución entrerriana. El último fue muy esperado por defensoras de los derechos de las mujeres, quienes estuvieron presentes en el Consejo General de Educación (CGE), donde los convencionales acordaron que la provincia reconocerá y garantizará a las personas “el derecho a la vida y, en general, desde la concepción hasta la muerte digna. Nadie puede ser privado de ella arbitrariamente”. En tanto, la creación de un Banco de la provincia pasó para la próxima sesión, convocada para el 28 de agosto.
14.8.08
Sesiona la Convención Constituyente
El pleno de la Asamblea reformadora sesiona desde pasadas las 17 en el Consejo General de Educación (CGE) de Paraná. Para este jueves se espera una intensa jornada, ya que entre los temas a tratar está el nuevo Régimen Municipal y el Preámbulo, que contienen amplias disidencias. Al respecto, el presidente de la Convención, Jorge Busti, pidió prudencia a los constituyentes para un debate que promete ser extenso. El orden del día también contiene los despachos de enmienda, mediación, derechos del consumidor y el derecho a la salud.
Urribarri recibe a convencionales del PJ
El gobernador de la provincia, Sergio Urribarri, se reunirá hoy con convencionales constituyentes justicialistas, quienes le brindarán precisiones respecto de los avances del proceso de reforma.
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En la actividad prevista para hoy, los convencionales constituyentes justicialistas le brindarán precisiones respecto de los avances del proceso de reforma de la Constitución entrerriana que se está llevando adelante en la provincia.
La reunión será a las 11 en el salón de los Gobernadores y será la segunda que concretan para dialogar por estos temas.
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En la actividad prevista para hoy, los convencionales constituyentes justicialistas le brindarán precisiones respecto de los avances del proceso de reforma de la Constitución entrerriana que se está llevando adelante en la provincia.
La reunión será a las 11 en el salón de los Gobernadores y será la segunda que concretan para dialogar por estos temas.
Convencionales informaron las modificaciones del funcionamiento del Estado
Convencionales constituyentes del bloque mayoritario, se reunieron este martes con el gobernador Sergio Urribarri, para informar sobre las posturas que se tomaron en el proceso de reforma de la Constitución, que hacen a los nuevos diseños y criterios que insertará la Constitución y la funcionalidad de los tres poderes del Estado.
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Luego del encuentro que se desarrolló en el salón de los Gobernadores y que duró aproximadamente dos horas, el convencional constituyente Miguel Carlín, informó a AIM que “se habló de todo: se expuso al gobernador sobre los temas que trabaja la convención constituyente, por medio de todas las comisiones”.
En ese contexto indicó: “hablamos de algunos temas que hacen a los nuevos diseños y criterios que insertará la Constitución y la funcionalidad de los tres poderes del Estado, que a partir de la sanción definitiva, para la que resta poco, determinarán cambios no menores en el funcionamiento estatal”.
Además comentó que en la audiencia “la mayoría de los participantes del bloque tomaron la palabra para contarle al gobernador los temas que se abordaron hasta ahora, cómo se desarrolló la convención y los proyectos que se acuñaron en el seno de las respectivas comisiones que fueron aprobados y los que serán tratados”.
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Luego del encuentro que se desarrolló en el salón de los Gobernadores y que duró aproximadamente dos horas, el convencional constituyente Miguel Carlín, informó a AIM que “se habló de todo: se expuso al gobernador sobre los temas que trabaja la convención constituyente, por medio de todas las comisiones”.
En ese contexto indicó: “hablamos de algunos temas que hacen a los nuevos diseños y criterios que insertará la Constitución y la funcionalidad de los tres poderes del Estado, que a partir de la sanción definitiva, para la que resta poco, determinarán cambios no menores en el funcionamiento estatal”.
Además comentó que en la audiencia “la mayoría de los participantes del bloque tomaron la palabra para contarle al gobernador los temas que se abordaron hasta ahora, cómo se desarrolló la convención y los proyectos que se acuñaron en el seno de las respectivas comisiones que fueron aprobados y los que serán tratados”.
Patrimonio cultural
Se debatieron en el seno de la comisión de Nuevos derechos y garantías de convención constituyente los proyectos correspondientes a cultura, y en el despacho al que se arribó se creó el Concejo provincial de la cultura y se asignó un fondo que no podrá ser inferior al uno por ciento del total de los gastos autorizados en la ley de presupuesto.
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En un comunicado enviado a AIM, la convencional de la Unión cívica radical (UCR), Griselda De Paoli, destacó la necesidad de “consignar la protección, preservación y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible, englobando de este modo tanto los bienes culturales muebles como inmuebles y los que integran la esfera de lo inmaterial, es decir los modos de vida, tradiciones, creencias, ritos, cocina, danza y hasta las canciones de cuna”.
“La comunidad se define como tal sobre la base de la memoria que tiene de sí. El patrimonio cultural está fuertemente atado a la identidad”, expresó.
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En un comunicado enviado a AIM, la convencional de la Unión cívica radical (UCR), Griselda De Paoli, destacó la necesidad de “consignar la protección, preservación y divulgación del patrimonio cultural tangible e intangible, englobando de este modo tanto los bienes culturales muebles como inmuebles y los que integran la esfera de lo inmaterial, es decir los modos de vida, tradiciones, creencias, ritos, cocina, danza y hasta las canciones de cuna”.
“La comunidad se define como tal sobre la base de la memoria que tiene de sí. El patrimonio cultural está fuertemente atado a la identidad”, expresó.
Los derechos de pueblos originarios, discapacitados y adultos mayores
El pleno de la convención constituyente sesionará el próximo miércoles y jueves, para tratar el reconocimiento de los pueblos originarios y los derechos al alimento y a la renta básica, de las personas con discapacidad y de adultos mayores. Además abordarán el tema de la contaduría, la tesorería de la provincia y el rol de los partidos políticos.
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La Convención Constituyente sesionará el miércoles y jueves a las 17. Para la reunión plenaria del miércoles quedaron reservados los proyectos relativos al reconocimiento de los pueblos originarios, el carácter precario de las designaciones en una intervención; el derecho al alimento y a la renta básica; la contaduría y la tesorería de la provincia; partidos políticos; y derechos de las personas con discapacidad y el de los adultos mayores.
Cabe consignar que a esos temas podrán sumárseles los que acuerden los convencionales en virtud de los dictámenes producidos en comisiones durante estas semanas de labor.
Reuniones de comisiones
Además, los convencionales continuarán con reuniones en comisión. Para ello la agenda prevé que el lunes se reúna a las 16 Control del Estado y a las 19, Nuevos derechos.
El martes trabajará a las 9, Nuevos derechos y garantías; a las 16, Poderes y régimen electoral; y a las 17 Producción; para concluir con labor en Redacción.
Para el miércoles se fijó a las 9 una reunión de Nuevos derechos; a las 12 Régimen municipal; y a las 17, sesión plenaria.
Jueves, a las 9 trabajará la comisión de Nuevos derechos y a las17, se celebrará una nueva sesión.
El viernes, a partir de las 9, se reunirá Nuevos derechos y a las 10, hará lo propio Producción y Trabajo.
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La Convención Constituyente sesionará el miércoles y jueves a las 17. Para la reunión plenaria del miércoles quedaron reservados los proyectos relativos al reconocimiento de los pueblos originarios, el carácter precario de las designaciones en una intervención; el derecho al alimento y a la renta básica; la contaduría y la tesorería de la provincia; partidos políticos; y derechos de las personas con discapacidad y el de los adultos mayores.
Cabe consignar que a esos temas podrán sumárseles los que acuerden los convencionales en virtud de los dictámenes producidos en comisiones durante estas semanas de labor.
Reuniones de comisiones
Además, los convencionales continuarán con reuniones en comisión. Para ello la agenda prevé que el lunes se reúna a las 16 Control del Estado y a las 19, Nuevos derechos.
El martes trabajará a las 9, Nuevos derechos y garantías; a las 16, Poderes y régimen electoral; y a las 17 Producción; para concluir con labor en Redacción.
Para el miércoles se fijó a las 9 una reunión de Nuevos derechos; a las 12 Régimen municipal; y a las 17, sesión plenaria.
Jueves, a las 9 trabajará la comisión de Nuevos derechos y a las17, se celebrará una nueva sesión.
El viernes, a partir de las 9, se reunirá Nuevos derechos y a las 10, hará lo propio Producción y Trabajo.
Histórico: la Constitución tendrá un capítulo sobre ambiente
Se desalentará la compra de tierras por extranjeros
El pleno de la convención constituyente aprobó hoy, en la vigésima segunda sesión ordinaria, el dictamen que establece la imposibilidad de privatizar la provisión de agua potable, el resguardo contra el latifundio y el desgaste del suelo, la creación de un organismo específico para la política ambiental y la reivindicación del derecho de Entre Ríos a reclamar a la nación, compensaciones por el uso y explotación de sus recursos naturales.
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Luego de seis horas de extenso debate, pasadas las 15, el pleno de la convención votó por unanimidad el capítulo de Medio ambiente para el texto de la nueva Constitución entrerriana. Convencionales de la oposición marcaron disidencias en algunos artículos que fueron aceptadas en la discusión en particular.
Los fundamentos
El miembro informante por la comisión de Producción, trabajo y Desarrollo sustentable, Luís Márquez (FPV), señaló en su alocución que “este es uno de los capítulos más importantes de esta reforma. Un capítulo que habla del ambiente, tema que hace 75 años, lógicamente no era preocupación de los convencionales del 33. Con el transcurrir del tiempo, la sociedad y en especial la entrerriana, cada vez más requiérela Estado que encuentre mecanismos de convivencia”, destacó.
El convencional oriundo de Victoria contextualizó la situación en que atravesó el debate por particularidad geográfica de la provincia, y señaló que por eso se buscó el equilibrio indispensable entre la legislación entrerriana y la que corresponde a las provincias vecinas, a la nación y a los países limítrofes. “Hemos sido absolutamente respetuosos de la pirámide jurídica”.
El despacho, dijo, “analiza el problema en lo social, lo ambiental y lo económico. Tengan la plena tranquilidad que nos tratamos de ubicar en el equilibrio, en el punto medio de estas tres esferas”.
Se refirió al párrafo que contempla al agua, “a la que se la declara como derecho humano y acerca de lo cual se dice que el único que puede garantizar el servicio de agua potable es el Estado”. Y advirtió: “si es un derecho humano, si le damos al Estado la prestación del servicio, consideramos que había que darle participación al usuario en la administración de este servicio”, e hizo referencia a la cláusula dedicada al “consumo responsable ya que alude a la responsabilidad de conjunto de los entrerrianos”.
Luego de repasar las experiencias de otras provincias cuyos recursos naturales ofrecen gas, petróleo y otros minerales, lamentó: “hoy nos dicen que somos ricos los entrerrianos pero no entra un peso a las arcas provinciales por la explotación de nuestros recursos”.
“Han sido cuatro meses de mucho trabajo y esfuerzo, se trabajó con humildad, con una fuerte responsabilidad en lograr el mejor texto. Y es éste porque es el fruto del consenso, del trabajo en equipo. Intentamos que tuviera un lenguaje jurídico y técnico pero que, por otro lado, fuera accesible a todos los ciudadanos. El espíritu fue estar a la altura de los tiempos que vengan”.
Valoran la aprobación del texto sobre sustentabilidad y ambiente
Por su parte, la miembro informante de la Coalición cívica-partido Socialista (CC-PS), Marcela Haiek, destacó que se atraviesa “un momento histórico en la consolidación de los derechos y las políticas relativas a la construcción de sociedades sustentables en nuestra Provincia”. Además señaló que el texto que se trató en el debate “contiene normas que pretenden dar un marco jurídico-político para esa construcción desde el ambiente”.
Recordó al doctor Ricardo Lorenzetti, cuando refiere a ambiente e indica: “'se trata de problemas que convocan a todas la ciencias y saberes, las convoca a una nueva fiesta, con la condición que cada una traiga un nuevo vestido'. En el caso del derecho, “la invitación es amplia abraca lo publico y privado, lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, con la condición que se adopten nuevas características”.
Y explicó que los principios ambientales y en particular los instrumentos de política ambiental, “profundizarán la necesaria armonía e integración de la democracia representativa con la participativa, en esa búsqueda de la democracia intensiva”.
Respecto de la soberanía alimentaria, la convencional definió que ésta deberá ser “la autodefinición de lo que se produce para la alimentación y lo que servirá como alimento para los entrerrianos. Complementamos normas nacionales e internacionales desde la lucha de los movimientos ciudadanos, como lo fue la resistencia contra la represa de Paraná Medio, la defensa del bosque nativo y ahora la faraónica defensa de la cuenca del río Uruguay frente a un modelo hegemónico e imperial que pretende imponernos escenarios de desarrollo para unos pocos, y excluyentes de las mayorías de los pueblos de nuestro cono sur”.
Además realizó una enfática defensa sobre “la libertad de nuestros ríos y la preservación de los sistemas de humedales, todo eso en el marco de la parte de la norma que regula las aguas en la Provincia. Es de destacar que en ella se consagra el derecho de acceso al agua potable y su saneamiento como derechos humanos fundamentales; por eso se tomó la decisión política de no privatizar el servicio de agua potable y así se consagró en la norma”.
También indicó que además se contempla “el difícil y desafíante tema del cambio climático, colocando la obligación del estado de mitigar las consecuencias del mismo para adoptar las medidas necesarias para dar respuesta a lo que se produzca”.
Por último concluyó: “debemos asumir, que somos parte de una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las culturas alternas. Para contribuir a la modificación de esos conceptos es que aprobamos esta norma, que se hará operativa con la educación y la participación ciudadana".
Además actuaron como miembros informantes del dictamen las convencionales Zulema Schoenfeld (FJV) y Griselda De Paoli, por la UCR.
Lo que dirá la Constitución
A partir de ahora, se considerará al ambiente como “patrimonio común de todos los habitantes de la provincia, quienes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades humanas sean compatibles con el desarrollo sustentable, mejorando la calidad de vida y satisfaciendo las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Tienen asimismo el deber de preservarlo, resguardarlo y mejorarlo”.
El texto aprobado determina que el Estado fijará la política ambiental y garantizará la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad.
Asimismo asegurará la preservación, recuperación y mejoramiento de los ecosistemas y sus corredores biológicos, promoviendo su gestión racional y sustentable y garantizará la conservación de la diversidad biológica y la utilización sustentable de sus componentes, promueve la creación de bancos, de titularidad estatal, de reservas genéticas de especies. Además se prohíbe la introducción de especies exóticas perjudiciales.
Por otro lado, en resguardo de la integridad ambiental, promoverá el consumo responsable, el uso de tecnologías y elementos no contaminantes y la utilización de las prácticas disponibles más avanzadas y seguras. Promueve una gestión integral y sustentable de los residuos orgánicos e inorgánicos, su eventual reutilización y reciclaje. Fomenta la incorporación de fuentes de energías renovables y limpias.
Por otro lado, crea un órgano de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental.
Recursos naturales
Ahora, los recursos naturales existentes en la provincia corresponden al dominio originario del Estado entrerriano, que ejerce el control y potestad sobre los mismos a los fines de la preservación, conservación y defensa, pudiendo disponer de ellos mediante leyes que aseguren su uso racional y sustentable, y contemplen las necesidades locales.
En ese contexto, la provincia reivindica su derecho a obtener compensaciones del Estado Nacional por los ingresos que éste obtenga, directa o indirectamente, por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales provinciales de dominio originario.
En tanto el agua, es considerada como un recurso natural, colectivo y esencial para la vida, la salud, y el desarrollo integral de las personas y la perdurabilidad de los ecosistemas. Por lo que, el servicio público de suministro de agua potable no podrá ser privatizado, a excepción de las cooperativas y consorcios vecinales que son prestadores del servicio conjuntamente con el Estado.
Política de tierra
El capitulo que pasó a la comisión de redacción para su sintaxis final, determina que el Estado promoverá la unidad económica productiva mediante leyes que contemplen el arraigo del productor entrerriano, el crecimiento y desarrollo progresivo de las actividades productivas locales y el estímulo de la tenencia de la tierra por los residentes de la provincia.
Conforme a ello, la legislación provincial y municipal desalentará la especulación y la existencia de latifundios que atenten contra la productividad y el bienestar de los entrerrianos, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas.
Áreas protegidas y bosque nativo
Por otro lado, se propicia la creación de áreas protegidas mediante la sanción de normas especiales que así las declaren, sobre la base de estudios técnicos. Asimismo, reconoce el derecho de los propietarios de áreas protegidas a recibir las compensaciones económicas y exenciones impositivas que le correspondan de acuerdo a las condiciones que por ley se establezcan.
Sobre el bosque nativo, se establece que el Estado tendrá a su cargo la gestión sustentable de los bosques nativos y las selvas ribereñas del territorio provincial, por lo que garantizará su preservación, fomentando actividades que salvaguarden la estabilidad ecológica y preservación de las especies autóctonas.
Sobre el suelo, determina que es un recurso natural y permanente de trabajo, producción y desarrollo y “debe ser objeto de un aprovechamiento racional para el adecuado cumplimiento de su función social, ambiental y económica”.
El Estado tendrá que garantizar la preservación y recuperación del suelo y procurará evitar la pérdida de fertilidad, su degradación y erosión, y regular el empleo de las tecnologías de aplicación.
Otros temas
Tras sesionar durante más de 10 horas, el pleno de este viernes sancionó los despachos relacionados con los órganos autónomos de control, los derechos humanos en tratados internacionales, el trato igualitario y la tutela judicial efectiva, el derecho a la identidad y la libertad de expresión.
El pleno de la convención constituyente aprobó hoy, en la vigésima segunda sesión ordinaria, el dictamen que establece la imposibilidad de privatizar la provisión de agua potable, el resguardo contra el latifundio y el desgaste del suelo, la creación de un organismo específico para la política ambiental y la reivindicación del derecho de Entre Ríos a reclamar a la nación, compensaciones por el uso y explotación de sus recursos naturales.
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Luego de seis horas de extenso debate, pasadas las 15, el pleno de la convención votó por unanimidad el capítulo de Medio ambiente para el texto de la nueva Constitución entrerriana. Convencionales de la oposición marcaron disidencias en algunos artículos que fueron aceptadas en la discusión en particular.
Los fundamentos
El miembro informante por la comisión de Producción, trabajo y Desarrollo sustentable, Luís Márquez (FPV), señaló en su alocución que “este es uno de los capítulos más importantes de esta reforma. Un capítulo que habla del ambiente, tema que hace 75 años, lógicamente no era preocupación de los convencionales del 33. Con el transcurrir del tiempo, la sociedad y en especial la entrerriana, cada vez más requiérela Estado que encuentre mecanismos de convivencia”, destacó.
El convencional oriundo de Victoria contextualizó la situación en que atravesó el debate por particularidad geográfica de la provincia, y señaló que por eso se buscó el equilibrio indispensable entre la legislación entrerriana y la que corresponde a las provincias vecinas, a la nación y a los países limítrofes. “Hemos sido absolutamente respetuosos de la pirámide jurídica”.
El despacho, dijo, “analiza el problema en lo social, lo ambiental y lo económico. Tengan la plena tranquilidad que nos tratamos de ubicar en el equilibrio, en el punto medio de estas tres esferas”.
Se refirió al párrafo que contempla al agua, “a la que se la declara como derecho humano y acerca de lo cual se dice que el único que puede garantizar el servicio de agua potable es el Estado”. Y advirtió: “si es un derecho humano, si le damos al Estado la prestación del servicio, consideramos que había que darle participación al usuario en la administración de este servicio”, e hizo referencia a la cláusula dedicada al “consumo responsable ya que alude a la responsabilidad de conjunto de los entrerrianos”.
Luego de repasar las experiencias de otras provincias cuyos recursos naturales ofrecen gas, petróleo y otros minerales, lamentó: “hoy nos dicen que somos ricos los entrerrianos pero no entra un peso a las arcas provinciales por la explotación de nuestros recursos”.
“Han sido cuatro meses de mucho trabajo y esfuerzo, se trabajó con humildad, con una fuerte responsabilidad en lograr el mejor texto. Y es éste porque es el fruto del consenso, del trabajo en equipo. Intentamos que tuviera un lenguaje jurídico y técnico pero que, por otro lado, fuera accesible a todos los ciudadanos. El espíritu fue estar a la altura de los tiempos que vengan”.
Valoran la aprobación del texto sobre sustentabilidad y ambiente
Por su parte, la miembro informante de la Coalición cívica-partido Socialista (CC-PS), Marcela Haiek, destacó que se atraviesa “un momento histórico en la consolidación de los derechos y las políticas relativas a la construcción de sociedades sustentables en nuestra Provincia”. Además señaló que el texto que se trató en el debate “contiene normas que pretenden dar un marco jurídico-político para esa construcción desde el ambiente”.
Recordó al doctor Ricardo Lorenzetti, cuando refiere a ambiente e indica: “'se trata de problemas que convocan a todas la ciencias y saberes, las convoca a una nueva fiesta, con la condición que cada una traiga un nuevo vestido'. En el caso del derecho, “la invitación es amplia abraca lo publico y privado, lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, con la condición que se adopten nuevas características”.
Y explicó que los principios ambientales y en particular los instrumentos de política ambiental, “profundizarán la necesaria armonía e integración de la democracia representativa con la participativa, en esa búsqueda de la democracia intensiva”.
Respecto de la soberanía alimentaria, la convencional definió que ésta deberá ser “la autodefinición de lo que se produce para la alimentación y lo que servirá como alimento para los entrerrianos. Complementamos normas nacionales e internacionales desde la lucha de los movimientos ciudadanos, como lo fue la resistencia contra la represa de Paraná Medio, la defensa del bosque nativo y ahora la faraónica defensa de la cuenca del río Uruguay frente a un modelo hegemónico e imperial que pretende imponernos escenarios de desarrollo para unos pocos, y excluyentes de las mayorías de los pueblos de nuestro cono sur”.
Además realizó una enfática defensa sobre “la libertad de nuestros ríos y la preservación de los sistemas de humedales, todo eso en el marco de la parte de la norma que regula las aguas en la Provincia. Es de destacar que en ella se consagra el derecho de acceso al agua potable y su saneamiento como derechos humanos fundamentales; por eso se tomó la decisión política de no privatizar el servicio de agua potable y así se consagró en la norma”.
También indicó que además se contempla “el difícil y desafíante tema del cambio climático, colocando la obligación del estado de mitigar las consecuencias del mismo para adoptar las medidas necesarias para dar respuesta a lo que se produzca”.
Por último concluyó: “debemos asumir, que somos parte de una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las culturas alternas. Para contribuir a la modificación de esos conceptos es que aprobamos esta norma, que se hará operativa con la educación y la participación ciudadana".
Además actuaron como miembros informantes del dictamen las convencionales Zulema Schoenfeld (FJV) y Griselda De Paoli, por la UCR.
Lo que dirá la Constitución
A partir de ahora, se considerará al ambiente como “patrimonio común de todos los habitantes de la provincia, quienes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades humanas sean compatibles con el desarrollo sustentable, mejorando la calidad de vida y satisfaciendo las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Tienen asimismo el deber de preservarlo, resguardarlo y mejorarlo”.
El texto aprobado determina que el Estado fijará la política ambiental y garantizará la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad.
Asimismo asegurará la preservación, recuperación y mejoramiento de los ecosistemas y sus corredores biológicos, promoviendo su gestión racional y sustentable y garantizará la conservación de la diversidad biológica y la utilización sustentable de sus componentes, promueve la creación de bancos, de titularidad estatal, de reservas genéticas de especies. Además se prohíbe la introducción de especies exóticas perjudiciales.
Por otro lado, en resguardo de la integridad ambiental, promoverá el consumo responsable, el uso de tecnologías y elementos no contaminantes y la utilización de las prácticas disponibles más avanzadas y seguras. Promueve una gestión integral y sustentable de los residuos orgánicos e inorgánicos, su eventual reutilización y reciclaje. Fomenta la incorporación de fuentes de energías renovables y limpias.
Por otro lado, crea un órgano de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental.
Recursos naturales
Ahora, los recursos naturales existentes en la provincia corresponden al dominio originario del Estado entrerriano, que ejerce el control y potestad sobre los mismos a los fines de la preservación, conservación y defensa, pudiendo disponer de ellos mediante leyes que aseguren su uso racional y sustentable, y contemplen las necesidades locales.
En ese contexto, la provincia reivindica su derecho a obtener compensaciones del Estado Nacional por los ingresos que éste obtenga, directa o indirectamente, por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales provinciales de dominio originario.
En tanto el agua, es considerada como un recurso natural, colectivo y esencial para la vida, la salud, y el desarrollo integral de las personas y la perdurabilidad de los ecosistemas. Por lo que, el servicio público de suministro de agua potable no podrá ser privatizado, a excepción de las cooperativas y consorcios vecinales que son prestadores del servicio conjuntamente con el Estado.
Política de tierra
El capitulo que pasó a la comisión de redacción para su sintaxis final, determina que el Estado promoverá la unidad económica productiva mediante leyes que contemplen el arraigo del productor entrerriano, el crecimiento y desarrollo progresivo de las actividades productivas locales y el estímulo de la tenencia de la tierra por los residentes de la provincia.
Conforme a ello, la legislación provincial y municipal desalentará la especulación y la existencia de latifundios que atenten contra la productividad y el bienestar de los entrerrianos, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas.
Áreas protegidas y bosque nativo
Por otro lado, se propicia la creación de áreas protegidas mediante la sanción de normas especiales que así las declaren, sobre la base de estudios técnicos. Asimismo, reconoce el derecho de los propietarios de áreas protegidas a recibir las compensaciones económicas y exenciones impositivas que le correspondan de acuerdo a las condiciones que por ley se establezcan.
Sobre el bosque nativo, se establece que el Estado tendrá a su cargo la gestión sustentable de los bosques nativos y las selvas ribereñas del territorio provincial, por lo que garantizará su preservación, fomentando actividades que salvaguarden la estabilidad ecológica y preservación de las especies autóctonas.
Sobre el suelo, determina que es un recurso natural y permanente de trabajo, producción y desarrollo y “debe ser objeto de un aprovechamiento racional para el adecuado cumplimiento de su función social, ambiental y económica”.
El Estado tendrá que garantizar la preservación y recuperación del suelo y procurará evitar la pérdida de fertilidad, su degradación y erosión, y regular el empleo de las tecnologías de aplicación.
Otros temas
Tras sesionar durante más de 10 horas, el pleno de este viernes sancionó los despachos relacionados con los órganos autónomos de control, los derechos humanos en tratados internacionales, el trato igualitario y la tutela judicial efectiva, el derecho a la identidad y la libertad de expresión.
Negociación colectiva y eliminación del trabajo en negro en el Estado
Los convencionales constituyentes analizan un proyecto de reforma que establecerá un régimen de trabajo para los empleados del Estado que plantea un consejo de paritarias estatal, la erradicación del trabajo en negro en el Estado, el Régimen jurídico básico (RJB), se conceden derechos a los sindicatos y se establece el sistema de seguridad social.
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La precarización laboral y la tercerización del trabajo implementado por el neoliberalismo en Argentina, y aplicado por el gobierno al realizar contratos de obras y de servicios, al no establecer instancias democráticas de negociación salarial y al tener un régimen obsoleto de sanciones ante sus empleados, se debate en la convención constituyente.
La convencional de la Coalición cívica- partido Socialista, Marcela Haiek, comentó a AIM que la iniciativa es la modificación del artículo 42 de la Constitución provincial, “en el marco que se readapta a la situación actual; esta norma indica cómo las leyes provinciales tienen que resguardar y proteger el trabajo en Entre Ríos”.
Haiek contextualizó: “como en el campo de los trabajadores privados se regula por el régimen de la nación, a nosotros, en la convención, nos quedó la tarea de regular la situación de los trabajadores del Estado”.
En la comisión se analizan diferentes iniciativas que “presentan el régimen del trabajador del Estado por medio de la negociación colectiva, que establecerá que se sienten en una mesa de negociación colectiva el Estado –como patrón- y los trabajadores a discutir condiciones de trabajo y salario”.
Asimismo “se le da rango constitucional al RJB de los trabajadores del Estado, que será permanentemente actualizado –en condiciones de trabajo y salario- a través de la negociación colectiva, donde se buscará llegar a un acuerdo que se trasunta en una ley que irá actualizando el salario”.
Desde hace dos meses y medio que los convencionales trabajan en la norma y ya hay propuesta de despacho, “ya que hay acuerdo en el RJB, en los derechos que se concederán a los sindicatos, en el sistema de seguridad social”, pero aún hay dos divergencias: “la erradicación del trabajo en negro en la provincia y el Consejo de la paritaria estatal”.
La convencional explicó que desde el bloque de la Coalición cívica-partido Socialista se plantea “erradicar el trabajo en negro en los trabajadores del Estado provincial y municipal”, que cubre dos aspectos: la remuneración y la forma de contratación.
Se busca que “todos los trabajadores estén regularizados, que no tengan precariedad laboral y tengan una acto administrativo que les de su estatus jurídico y, por otro lado, el régimen de la remuneración que la integran todos los rubros que son tenidos en cuenta para el cálculo del aporte jubilatorio, de obra social y a los sindicatos”.
Sin embargo aclaró que para que la propuesta sea viable y que no tenga un fuerte impacto en la finanzas del Estado y de los municipios, desde el bloque proponen “un paulatino y escalonado régimen de regularización, que será materia de negociación colectiva”.
El otro tema que aún queda por debatir, es la creación del Consejo de la paritaria estatal, “donde nuestro planteo es que sea independiente e imparcial y que llame a las paritarias para que se negocie, ya que algunos quieren que se realice en la dirección provincial del Trabajo, pero lo que tienen que ver es que esa institución es parte de la patronal, entonces no se puede negociar y resolver conflictos en una de las partes de la relación, por lo que se necesita -para que sea justo y sin imposiciones políticas- que sea imparcial y autónomo”.
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La precarización laboral y la tercerización del trabajo implementado por el neoliberalismo en Argentina, y aplicado por el gobierno al realizar contratos de obras y de servicios, al no establecer instancias democráticas de negociación salarial y al tener un régimen obsoleto de sanciones ante sus empleados, se debate en la convención constituyente.
La convencional de la Coalición cívica- partido Socialista, Marcela Haiek, comentó a AIM que la iniciativa es la modificación del artículo 42 de la Constitución provincial, “en el marco que se readapta a la situación actual; esta norma indica cómo las leyes provinciales tienen que resguardar y proteger el trabajo en Entre Ríos”.
Haiek contextualizó: “como en el campo de los trabajadores privados se regula por el régimen de la nación, a nosotros, en la convención, nos quedó la tarea de regular la situación de los trabajadores del Estado”.
En la comisión se analizan diferentes iniciativas que “presentan el régimen del trabajador del Estado por medio de la negociación colectiva, que establecerá que se sienten en una mesa de negociación colectiva el Estado –como patrón- y los trabajadores a discutir condiciones de trabajo y salario”.
Asimismo “se le da rango constitucional al RJB de los trabajadores del Estado, que será permanentemente actualizado –en condiciones de trabajo y salario- a través de la negociación colectiva, donde se buscará llegar a un acuerdo que se trasunta en una ley que irá actualizando el salario”.
Desde hace dos meses y medio que los convencionales trabajan en la norma y ya hay propuesta de despacho, “ya que hay acuerdo en el RJB, en los derechos que se concederán a los sindicatos, en el sistema de seguridad social”, pero aún hay dos divergencias: “la erradicación del trabajo en negro en la provincia y el Consejo de la paritaria estatal”.
La convencional explicó que desde el bloque de la Coalición cívica-partido Socialista se plantea “erradicar el trabajo en negro en los trabajadores del Estado provincial y municipal”, que cubre dos aspectos: la remuneración y la forma de contratación.
Se busca que “todos los trabajadores estén regularizados, que no tengan precariedad laboral y tengan una acto administrativo que les de su estatus jurídico y, por otro lado, el régimen de la remuneración que la integran todos los rubros que son tenidos en cuenta para el cálculo del aporte jubilatorio, de obra social y a los sindicatos”.
Sin embargo aclaró que para que la propuesta sea viable y que no tenga un fuerte impacto en la finanzas del Estado y de los municipios, desde el bloque proponen “un paulatino y escalonado régimen de regularización, que será materia de negociación colectiva”.
El otro tema que aún queda por debatir, es la creación del Consejo de la paritaria estatal, “donde nuestro planteo es que sea independiente e imparcial y que llame a las paritarias para que se negocie, ya que algunos quieren que se realice en la dirección provincial del Trabajo, pero lo que tienen que ver es que esa institución es parte de la patronal, entonces no se puede negociar y resolver conflictos en una de las partes de la relación, por lo que se necesita -para que sea justo y sin imposiciones políticas- que sea imparcial y autónomo”.
ATE participó del debate para incorporar el Régimen jurídico básico
Integrantes de la comisión directiva de la Asociación de trabajadores del Estado (ATE) participaron ayer del debate de la comisión de Producción, trabajo y desarrollo sustentable de la convención constituyente sobre la incorporación del Régimen jurídico básico al nuevo texto constitucional, informó a AIM el secretario adjunto del gremio, José Galarraga, quien destacó que “uno de los puntos en discordia es la creación de una comisión de trabajo estatal, que actuaría como órgano que arbitra tanto la relación laboral individual como la colectiva”.
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En diálogo con esta Agencia, Galarraga indicó que si bien estaba previsto mantener un encuentro con el presidente de la convención constituyente, Jorge Busti, “por cuestiones de su agenda política y la llegada de Eduardo Duhalde a Paraná no pudo recibirnos, pero acordamos la presentación de una nota en la que realizamos nuestro planteo a la comisión de Trabajo que trató la incorporación del Régimen jurídico básico a la nueva Constitución”. “Participamos en el tratamiento del tema, se habló con la comisión, con su presidente Luis Márquez (PJ) y estuvimos trabajando mucho”, comentó.
En dicha nota se especificaron “los puntos esenciales del régimen jurídico, la creación de una comisión de trabajo estatal, la prohibición del trabajo precarizado, del pago en negro, entre otras cuestiones”, detalló el dirigente.
Destacó que “quedaron dos puntos en discordia: uno de ellos es la forma de redacción del tema del blanqueo, ya que hay mucha gente que trabaja en negro y no queremos que por una cuestión de redacción quede gente afuera”. Ante ello, señaló que “el planteo de ATE es que se imponga alguna cláusula transitoria que disponga un término prudencial -el que se puede acordar mediante convenciones colectivas- para el blanqueo de los códigos”.
Especificó que el otro punto sobre el que aún no se acordó “es el planteo sobre la labor de la dirección de Trabajo como ámbito paritario y de policía del trabajo, ya que desde el gremio pedimos –teniendo en cuenta que el Estado no puede ser juez y parte- la creación de una Comisión de trabajo estatal que sea autónoma, integrada por el Estado y los trabajadores elegidos mediante elecciones y que permita la convocatoria a paritarias, que defina cuestiones bio-seguridad y de higiene laboral, que sea órgano de aplicación de la policía de trabajo, entre otras cosas”.
“Esta comisión sería el órgano que arbitra tanto la relación laboral individual como la colectiva y se terminaría con un gasto enorme que hoy tiene el Estado porque ante cualquier conflicto se interpone un amparo y termina pagando los gastos de abogados provocando una fuga de dinero terrible”, sentenció.
En cuanto a las conclusiones generales de la discusión, Galarraga lamentó que “los convencionales están muy duros con estos dos puntos pero habrá que seguir discutiendo”, y anunció que “mañana al mediodía estarían girando los puntos definitivos para consensuar una redacción y a las 18 hay otra reunión de la comisión, por lo tanto ahí vamos a estar”.
También remarcó que “es positiva la incorporación en la Constitución pero no serviría de nada si no se dispone de un órgano imparcial como mediador y árbitro de la relación laboral”.
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En diálogo con esta Agencia, Galarraga indicó que si bien estaba previsto mantener un encuentro con el presidente de la convención constituyente, Jorge Busti, “por cuestiones de su agenda política y la llegada de Eduardo Duhalde a Paraná no pudo recibirnos, pero acordamos la presentación de una nota en la que realizamos nuestro planteo a la comisión de Trabajo que trató la incorporación del Régimen jurídico básico a la nueva Constitución”. “Participamos en el tratamiento del tema, se habló con la comisión, con su presidente Luis Márquez (PJ) y estuvimos trabajando mucho”, comentó.
En dicha nota se especificaron “los puntos esenciales del régimen jurídico, la creación de una comisión de trabajo estatal, la prohibición del trabajo precarizado, del pago en negro, entre otras cuestiones”, detalló el dirigente.
Destacó que “quedaron dos puntos en discordia: uno de ellos es la forma de redacción del tema del blanqueo, ya que hay mucha gente que trabaja en negro y no queremos que por una cuestión de redacción quede gente afuera”. Ante ello, señaló que “el planteo de ATE es que se imponga alguna cláusula transitoria que disponga un término prudencial -el que se puede acordar mediante convenciones colectivas- para el blanqueo de los códigos”.
Especificó que el otro punto sobre el que aún no se acordó “es el planteo sobre la labor de la dirección de Trabajo como ámbito paritario y de policía del trabajo, ya que desde el gremio pedimos –teniendo en cuenta que el Estado no puede ser juez y parte- la creación de una Comisión de trabajo estatal que sea autónoma, integrada por el Estado y los trabajadores elegidos mediante elecciones y que permita la convocatoria a paritarias, que defina cuestiones bio-seguridad y de higiene laboral, que sea órgano de aplicación de la policía de trabajo, entre otras cosas”.
“Esta comisión sería el órgano que arbitra tanto la relación laboral individual como la colectiva y se terminaría con un gasto enorme que hoy tiene el Estado porque ante cualquier conflicto se interpone un amparo y termina pagando los gastos de abogados provocando una fuga de dinero terrible”, sentenció.
En cuanto a las conclusiones generales de la discusión, Galarraga lamentó que “los convencionales están muy duros con estos dos puntos pero habrá que seguir discutiendo”, y anunció que “mañana al mediodía estarían girando los puntos definitivos para consensuar una redacción y a las 18 hay otra reunión de la comisión, por lo tanto ahí vamos a estar”.
También remarcó que “es positiva la incorporación en la Constitución pero no serviría de nada si no se dispone de un órgano imparcial como mediador y árbitro de la relación laboral”.
La convención constituyente aprobó la vigencia del orden constitucional
El pleno de la convención constituyente aprobó ayer a la tarde la vigencia del orden constitucional y la democracia, que hará que los funcionarios que hayan tenido responsabilidad política en regímenes de facto no puedan ejercer cargos en la función pública. También sancionó las modificaciones al Jurado de enjuiciamiento y el amparo por mora. Hoy se reunirá una vez más el pleno y mañana según se dio a conocer desde la secretaría y prosecretaría, deberán concluir la emisión de dictámenes de comisión.
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La aprobación de la vigencia del orden constitucional eleva a Entre Ríos a la vanguardia nacional en materia de protección, ya que, a diferencia de lo que dispone la Constitución nacional, la prohibición para los colaboradores de las dictaduras militares regirá en el nuevo texto en forma retroactiva.
En tal sentido, el convencional de Viva Entre Ríos (VER) Marciano Martínez, que fue ministro de Bienestar social durante la intervención en Entre Ríos que encabezó el brigadier Ricardo Favre en de la dictadura del general Juan Carlos Onganía, propuso sin éxito que el texto dijera “los funcionarios que ejerzan responsabilidad política” a fin que fuese aplicable para el futuro.
La iniciativa no prosperó, por lo que la nueva Constitución dirá: “los funcionarios que hayan ejercido responsabilidad política en los tres poderes del Estado nacional, provincial y municipal, en regímenes de facto, no podrán ocupar cargos públicos en ninguno de los poderes de la provincia o municipios”.
El presidente de la comisión de Nuevos derechos y garantías, Raúl Barrandeguy (FJV) explicó que la reforma aprobada “no significa la violación del principio de irretroactividad de las leyes sancionatorias, ya que lo que se vota no constituye una sanción sino que fija condiciones de idoneidad para ocupar cargos públicos”.
El titular del bloque de la Unión cívica radical (UCR), Fabián Rogel, admitió que el radicalismo “se hace responsable de sus aciertos y errores” y destacó que con el artículo sancionado habrá algunos radicales que no estarán de acuerdo. “Queremos hacernos cargo de la historia de los errores, de los golpes que fuimos víctima o de si alguno golpeó la puerta de algún cuartel y ocupó un cargo”.
Al respecto, el presidente del bloque de la Coalición cívica-partido Socialista (CC-PS), Santiago Reggiardo dijo a AIM que “la aprobación de este articulo es muy importante frente a la tragedia que azotó al país en la época de la dictadura, y está en consonancia con la Constitución nacional”.
El titular del bloque de convencionales del Frente justicialista para la victoria (FJV), Miguel Carlín, dijo a esta Agencia que “en una República y una provincia democrática no caben las medias tintas. Hay que estar totalmente de acuerdo con los principios de la democracia, con los derechos humanos y la reivindicación de las formas esenciales que hacen a una provincia institucionalmente formada, que marcha por los andariveles que marcan su Constitución y sus leyes”.
Además opinó que “toda actitud que implique adherir a los gobiernos que bajo el imperio de la bayoneta quieren hacer valer sus decisiones y su poder, que no emerge del pueblo sino del rigor de las armas, merecen el más enfático repudio de cualquiera de los demócratas entrerrianos”.
El artículo de orden constitucional
El texto que contendrá la nueva Constitución en defensa del orden constitucional expresará: “la Constitución nacional y esta Constitución no perderán su vigencia si se dejaren de observar por actos de fuerza o fueren suspendidas, abrogadas o derogadas por otro medio distinto de los que ellas disponen. Queda garantizado el sistema democrático de gobierno. Cualquier acto de fuerza contrario a esta Constitución, a las instituciones por ella establecidas o al sistema republicano y democrático es insanablemente nulo.
Los funcionarios que hayan ejercido responsabilidad política en los tres poderes del Estado nacional, provincial y municipal, en regímenes de facto, no podrán ocupar cargos públicos en ninguno de los poderes de la provincia o municipios.
Ninguno de los delitos que fueren cometidos en el ejercicio de la función usurpada podrá ser objeto de indulto o conmutación de pena.
Quienes hayan participado en delitos de lesa humanidad o incurrido en su apología, quedan inhabilitados a perpetuidad para ejercer la función pública.
Quedan prohibidas la institucionalización de secciones especiales en los cuerpos de seguridad destinadas a la represión o discriminación de carácter político.
Todos los habitantes de la provincia tienen el derecho de resistencia legítima contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en esta sección”.
Modificaciones al Jurado de enjuiciamiento
Por otra parte, los convencionales aprobaron la incorporación al Jurado de enjuiciamiento de dos representantes más que deberán ser abogados de organizaciones reconocidas por su defensa de la democracia y participación ciudadana. Sumados éstos a los actuales miembros, aumentará a cuatro el número de referentes de la sociedad civil, mientras que serán dos los representantes de la legislatura.
Amparo por mora
El pleno de la convención aprobó también el amparo por mora. Sobre el tema, la convencional Marcela Haiek (CC-PS), explicó a AIM que “constituye una herramienta eficaz que tendrá la gente para pedirle al administrador o a la autoridad de la administración pública que se expida y resuelva una petición que efectuó en un expediente”.
Haiek señaló que “normalmente se llega a esta instancia con una gran carga de frustración porque nadie resuelve el tema, se presentan notas y recursos que tienen pronto despacho, pero la respuesta no llega”.
En concreto, esta nueva disposición le dará la posibilidad a quien tenga un trámite administrativo demorado a que acuda a la justicia -previa intimación de pronto despacho al funcionario-. “Ahora la persona podrá recurrir a un juez para que intime a ese funcionario remiso y le diga, frente a su injustificado deber que haga, que resuelva o determine lo que le pide el administrado”. Esta norma será aplicable mediante una acción de amparo rápida.
“El juez le impondrá 10 días, y por eso la norma prevé un plazo que, a mi criterio es práctico. En ese plazo, el funcionario deberá expedirse a favor o en contra, pero si sigue renuente con el cumplimiento de su obligación, la Constitución le permitirá resolver entendiendo que el silencio es negativo respecto de su petición. De esta manera se corta el trámite y se administran las otras vías. De lo contrario, en la situación actual prescriben los derechos. De esta manera se pone un freno ante el incumplimiento del deber del funcionario para que perjudique lo menos posible al administrado. La administración tiene que modificarse en su totalidad y tener el criterio de saber que está al servicio del ciudadano. Ese sentido se logra con un cambio cultural, pero mientras éste no esté, ese cambio se logra con normas como estas”.
El texto aprobado expresa: "quien fuere parte en un expediente administrativo podrá interponer amparo por mora a fin de obtener resolución inmediata en el caso de demora injustificada de la autoridad interviniente, en expedirse sobre el asunto requerido por el interesado. En tal supuesto el juez emplazará a la administración o al funcionario remiso, bajo los apercibimientos que la ley establezca, a pronunciarse sobre el acto pretendido por el ocurrente en el plazo perentorio de diez días, aunque no podrá ordenarle en que sentido lo debe hacer. La omisión en expedirse comportará la denegación tácita de la pretensión en trámite y agotará la vía administrativa, quedando expedita la acción judicial".
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La aprobación de la vigencia del orden constitucional eleva a Entre Ríos a la vanguardia nacional en materia de protección, ya que, a diferencia de lo que dispone la Constitución nacional, la prohibición para los colaboradores de las dictaduras militares regirá en el nuevo texto en forma retroactiva.
En tal sentido, el convencional de Viva Entre Ríos (VER) Marciano Martínez, que fue ministro de Bienestar social durante la intervención en Entre Ríos que encabezó el brigadier Ricardo Favre en de la dictadura del general Juan Carlos Onganía, propuso sin éxito que el texto dijera “los funcionarios que ejerzan responsabilidad política” a fin que fuese aplicable para el futuro.
La iniciativa no prosperó, por lo que la nueva Constitución dirá: “los funcionarios que hayan ejercido responsabilidad política en los tres poderes del Estado nacional, provincial y municipal, en regímenes de facto, no podrán ocupar cargos públicos en ninguno de los poderes de la provincia o municipios”.
El presidente de la comisión de Nuevos derechos y garantías, Raúl Barrandeguy (FJV) explicó que la reforma aprobada “no significa la violación del principio de irretroactividad de las leyes sancionatorias, ya que lo que se vota no constituye una sanción sino que fija condiciones de idoneidad para ocupar cargos públicos”.
El titular del bloque de la Unión cívica radical (UCR), Fabián Rogel, admitió que el radicalismo “se hace responsable de sus aciertos y errores” y destacó que con el artículo sancionado habrá algunos radicales que no estarán de acuerdo. “Queremos hacernos cargo de la historia de los errores, de los golpes que fuimos víctima o de si alguno golpeó la puerta de algún cuartel y ocupó un cargo”.
Al respecto, el presidente del bloque de la Coalición cívica-partido Socialista (CC-PS), Santiago Reggiardo dijo a AIM que “la aprobación de este articulo es muy importante frente a la tragedia que azotó al país en la época de la dictadura, y está en consonancia con la Constitución nacional”.
El titular del bloque de convencionales del Frente justicialista para la victoria (FJV), Miguel Carlín, dijo a esta Agencia que “en una República y una provincia democrática no caben las medias tintas. Hay que estar totalmente de acuerdo con los principios de la democracia, con los derechos humanos y la reivindicación de las formas esenciales que hacen a una provincia institucionalmente formada, que marcha por los andariveles que marcan su Constitución y sus leyes”.
Además opinó que “toda actitud que implique adherir a los gobiernos que bajo el imperio de la bayoneta quieren hacer valer sus decisiones y su poder, que no emerge del pueblo sino del rigor de las armas, merecen el más enfático repudio de cualquiera de los demócratas entrerrianos”.
El artículo de orden constitucional
El texto que contendrá la nueva Constitución en defensa del orden constitucional expresará: “la Constitución nacional y esta Constitución no perderán su vigencia si se dejaren de observar por actos de fuerza o fueren suspendidas, abrogadas o derogadas por otro medio distinto de los que ellas disponen. Queda garantizado el sistema democrático de gobierno. Cualquier acto de fuerza contrario a esta Constitución, a las instituciones por ella establecidas o al sistema republicano y democrático es insanablemente nulo.
Los funcionarios que hayan ejercido responsabilidad política en los tres poderes del Estado nacional, provincial y municipal, en regímenes de facto, no podrán ocupar cargos públicos en ninguno de los poderes de la provincia o municipios.
Ninguno de los delitos que fueren cometidos en el ejercicio de la función usurpada podrá ser objeto de indulto o conmutación de pena.
Quienes hayan participado en delitos de lesa humanidad o incurrido en su apología, quedan inhabilitados a perpetuidad para ejercer la función pública.
Quedan prohibidas la institucionalización de secciones especiales en los cuerpos de seguridad destinadas a la represión o discriminación de carácter político.
Todos los habitantes de la provincia tienen el derecho de resistencia legítima contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en esta sección”.
Modificaciones al Jurado de enjuiciamiento
Por otra parte, los convencionales aprobaron la incorporación al Jurado de enjuiciamiento de dos representantes más que deberán ser abogados de organizaciones reconocidas por su defensa de la democracia y participación ciudadana. Sumados éstos a los actuales miembros, aumentará a cuatro el número de referentes de la sociedad civil, mientras que serán dos los representantes de la legislatura.
Amparo por mora
El pleno de la convención aprobó también el amparo por mora. Sobre el tema, la convencional Marcela Haiek (CC-PS), explicó a AIM que “constituye una herramienta eficaz que tendrá la gente para pedirle al administrador o a la autoridad de la administración pública que se expida y resuelva una petición que efectuó en un expediente”.
Haiek señaló que “normalmente se llega a esta instancia con una gran carga de frustración porque nadie resuelve el tema, se presentan notas y recursos que tienen pronto despacho, pero la respuesta no llega”.
En concreto, esta nueva disposición le dará la posibilidad a quien tenga un trámite administrativo demorado a que acuda a la justicia -previa intimación de pronto despacho al funcionario-. “Ahora la persona podrá recurrir a un juez para que intime a ese funcionario remiso y le diga, frente a su injustificado deber que haga, que resuelva o determine lo que le pide el administrado”. Esta norma será aplicable mediante una acción de amparo rápida.
“El juez le impondrá 10 días, y por eso la norma prevé un plazo que, a mi criterio es práctico. En ese plazo, el funcionario deberá expedirse a favor o en contra, pero si sigue renuente con el cumplimiento de su obligación, la Constitución le permitirá resolver entendiendo que el silencio es negativo respecto de su petición. De esta manera se corta el trámite y se administran las otras vías. De lo contrario, en la situación actual prescriben los derechos. De esta manera se pone un freno ante el incumplimiento del deber del funcionario para que perjudique lo menos posible al administrado. La administración tiene que modificarse en su totalidad y tener el criterio de saber que está al servicio del ciudadano. Ese sentido se logra con un cambio cultural, pero mientras éste no esté, ese cambio se logra con normas como estas”.
El texto aprobado expresa: "quien fuere parte en un expediente administrativo podrá interponer amparo por mora a fin de obtener resolución inmediata en el caso de demora injustificada de la autoridad interviniente, en expedirse sobre el asunto requerido por el interesado. En tal supuesto el juez emplazará a la administración o al funcionario remiso, bajo los apercibimientos que la ley establezca, a pronunciarse sobre el acto pretendido por el ocurrente en el plazo perentorio de diez días, aunque no podrá ordenarle en que sentido lo debe hacer. La omisión en expedirse comportará la denegación tácita de la pretensión en trámite y agotará la vía administrativa, quedando expedita la acción judicial".
Reelección
Se aprobó la reelección por un período y se aumentó el cupo de diputados
En la 21º sesión ordinaria de la convención constituyente, que se realizó este viernes en el Consejo general de educación (CGE), el pleno aprobó las reformas al Régimen electoral, por lo que se asegurará el pleno ejercicio de los derechos políticos, y se estableció que el gobernador y vicegobernador podrán ser reelectos por una sola vez. La cámara de Diputados se compondrá de 34 ciudadanos.
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Luego de un extenso debate de más de cuatro horas, sin el acompañamiento de la Unión cívica radical (UCR), 33 convencionales votaron a favor del despacho por mayoría con modificaciones, por el que se reforma el Régimen electoral provincial.
A partir de la sanción de esta Constitución, el gobernador y vicegobernador podrán ser reelectos solamente por un período en forma consecutiva o alternado. Las modificaciones permitirán que la cámara de Diputados esté compuesta por 34 ciudadanos.
Sobre el tema, el presidente de la convención constituyente, Jorge Busti, dijo a AIM que “se modificó despacho de comisión referido al artículo 120 y se logró el consenso, lo que es la base de la convención. No es lo mismo que una sola representación apruebe las modificaciones al régimen, que éste sea acompañado por la Coalición cívica, el Socialismo y el Frente viva Entre Ríos, ya que solamente el radicalismo votó en contra, por lo que se logró más de dos tercios, porque en general y particular se votó con más de 30 votos”.
Busti señaló que sobre el tema “hubo discusión”, pero aclaró que “durante mucho tiempo se dramatizó el tema. Como se observa, había que tratarlo como se hizo acá y buscar consenso”.
Según dispone el proyecto que pasó a la comisión de redacción, tendrán voto en las elecciones provinciales los ciudadanos argentinos que estén inscriptos en el padrón electoral de la Nación, por el que deberán celebrarse las elecciones de la provincia.
Asimismo se asegura el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y se determina la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos.
El régimen electoral será uniforme para toda la provincia, respetará los derechos establecidos en la Constitución y determinará las limitaciones y prohibiciones al ejercicio del sufragio. Además se garantizará el derecho electoral de las personas con capacidades diferentes en base a los principios de no segregación, equidad de oportunidades y accesibilidad.
Desde ahora, la provincia constituye un distrito electoral único y se subdividirá en secciones correspondientes a cada departamento, y éstas en circuitos o mesas en las que se agruparán los electores. En tanto, la Legislatura deberá establecer la fecha de las elecciones provinciales y municipales, sin perjuicio de lo que puedan resolver las respectivas cartas orgánicas para los municipios que cuenten con ellas.
En la 21º sesión ordinaria de la convención constituyente, que se realizó este viernes en el Consejo general de educación (CGE), el pleno aprobó las reformas al Régimen electoral, por lo que se asegurará el pleno ejercicio de los derechos políticos, y se estableció que el gobernador y vicegobernador podrán ser reelectos por una sola vez. La cámara de Diputados se compondrá de 34 ciudadanos.
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Luego de un extenso debate de más de cuatro horas, sin el acompañamiento de la Unión cívica radical (UCR), 33 convencionales votaron a favor del despacho por mayoría con modificaciones, por el que se reforma el Régimen electoral provincial.
A partir de la sanción de esta Constitución, el gobernador y vicegobernador podrán ser reelectos solamente por un período en forma consecutiva o alternado. Las modificaciones permitirán que la cámara de Diputados esté compuesta por 34 ciudadanos.
Sobre el tema, el presidente de la convención constituyente, Jorge Busti, dijo a AIM que “se modificó despacho de comisión referido al artículo 120 y se logró el consenso, lo que es la base de la convención. No es lo mismo que una sola representación apruebe las modificaciones al régimen, que éste sea acompañado por la Coalición cívica, el Socialismo y el Frente viva Entre Ríos, ya que solamente el radicalismo votó en contra, por lo que se logró más de dos tercios, porque en general y particular se votó con más de 30 votos”.
Busti señaló que sobre el tema “hubo discusión”, pero aclaró que “durante mucho tiempo se dramatizó el tema. Como se observa, había que tratarlo como se hizo acá y buscar consenso”.
Según dispone el proyecto que pasó a la comisión de redacción, tendrán voto en las elecciones provinciales los ciudadanos argentinos que estén inscriptos en el padrón electoral de la Nación, por el que deberán celebrarse las elecciones de la provincia.
Asimismo se asegura el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y se determina la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos.
El régimen electoral será uniforme para toda la provincia, respetará los derechos establecidos en la Constitución y determinará las limitaciones y prohibiciones al ejercicio del sufragio. Además se garantizará el derecho electoral de las personas con capacidades diferentes en base a los principios de no segregación, equidad de oportunidades y accesibilidad.
Desde ahora, la provincia constituye un distrito electoral único y se subdividirá en secciones correspondientes a cada departamento, y éstas en circuitos o mesas en las que se agruparán los electores. En tanto, la Legislatura deberá establecer la fecha de las elecciones provinciales y municipales, sin perjuicio de lo que puedan resolver las respectivas cartas orgánicas para los municipios que cuenten con ellas.
Viviendas, Habeas Data, Entidades deportivas
Vivienda digna, derechos a presidiarios y habeas data
En la 20º sesión ordinaria de la convención constituyente que se realizó este jueves, en el auditorio del Consejo general de educación (CGE), los convencionales aprobaron la garantía a una vivienda digna para cada entrerriano; avanzaron en derechos humanos para las cárceles y lugares de internación forzada; incorporaron la protección a las entidades deportivas y sancionaron la reforma por la que cualquier persona que figura en un banco de datos podrá acceder al registro para conocer qué información existe sobre su persona o familiares, y solicitar su modificación.
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El pleno aprobó por unanimidad el proyecto de reforma, que pasó a la comisión de redacción para su sintaxis final, que establece que todos los habitantes de la provincia tendrán derecho a una vivienda digna con sus servicios conexos, y al espacio necesario para un desarrollo humano integral.
El nuevo artículo establece que el Estado provincial asegurará y promoverá las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho, en especial a los sectores de menores recursos. Para ello, planificará y ejecutará una política habitacional concertada con los municipios e instituciones que lo requieran con el aporte solidario de los interesados y del Estado.
Derechos humanos en cárceles entrerrianas
Por otro lado, los convencionales sancionaron el artículo por el que se dispone que las cárceles y cualquier lugar de internación forzada de personas deberán constituir centros de seguridad, capacitación y tratamiento integral de los internos. Según el texto, la ejecución de la pena privativa de la libertad tiene como finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, por lo que constituirá falta grave todo rigor innecesario infligido a los internos.
Además determina que la ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, estará sometida a permanente y efectivo contralor judicial.
En tanto, las mujeres privadas de su libertad, deberán ser alojadas en establecimientos especiales, garantizando a las madres de niños menores de cinco años, espacios para convivir con ellos. Si el Estado no cumpliera con este mandato, las detenidas embarazadas o con niños cumplirán arresto domiciliario.
Asimismo fija que los menores privados de su libertad no pueden ser alojados en establecimientos de detención de adultos.
Por otro lado establece que toda persona declarada inocente respecto de una imputación por la que hubiese sido privada de su libertad de manera infundada o que se revele irracional en el curso del proceso, tendrá derecho a que el Estado provincial, de acuerdo con la ley, lo indemnice por el daño sufrido.
Habeas data
Desde la puesta en vigencia de la nueva Constitución, toda persona tendrá derecho a interponer acción expedita, rápida y gratuita de habeas data para tomar conocimiento de los datos referidos a ella, a su cónyuge, a sus hijos menores, a sus familiares directos fallecidos, o a sus propios bienes, así como de la fuente, finalidad y destino de los mismos que consten en todo registro, archivo o banco de datos públicos o privado de carácter público, o que estuviesen almacenados en cualquier medio técnico apto para proveer informes.
En caso de falsedad o uso discriminatorio de tales datos podrá exigir sin cargo alguno, la inmediata rectificación o actualización de la información falsa, o a la supresión o confidencialidad de la sensible.
Sin embargo se aclaró, para preservar la libertad de prensa, que el ejercicio de ese derecho no podrá afectar las fuentes de información periodística ni el secreto profesional.
Protección a entidades deportivas
Además, se sancionó el artículo por el que el Estado provincial reconocerá al deporte como un derecho social y promoverá el desarrollo de la actividad deportiva como un medio de formación integral de la persona, facilitando las condiciones materiales, profesionales y técnicas para su organización y desenvolvimiento, garantizando a todos los habitantes el acceso a su práctica sobre la base de la igualdad de oportunidades.
Además se reconoce y asegura, a través del Consejo provincial del deporte, la participación de la comunidad deportiva en la elaboración, definición y coordinación de la política deportiva provincial.
Asimismo se preservará, en un marco de solidaridad comunitaria y educativa, la existencia de las instituciones deportivas con fines sociales, protegiendo su infraestructura.
De la redacción de Agencia de Informaciones Mercosur (AIM)
Díaz / “El deporte como derecho social es muy importante”
Que los convencionales constituyentes hayan aprobado este jueves incorporar al deporte como un derecho social, que se promueva el desarrollo de la actividad deportiva y que se proteja la infraestructura de las instituciones deportivas con fines sociales “es un gran avance y reconocimiento para quienes trabajan en esto día a día”, afirmó el presidente de la Confederación entrerriana del deporte, Jorge Ruiz Díaz.
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Luego de la sanción del proyecto de reforma, Ruiz Díaz dijo a AIM que “es un reconocimiento para todos los dirigentes deportivos que trabajan en los clubes, que dejan su familia, su trabajo y se abocan al beneficio de las demás personas”.
En ese contexto, señaló que es muy importante que “el Estado provincial reconozca al deporte como un derecho social y promueva el desarrollo de la actividad deportiva como un medio de formación integral de la persona, facilitando las condiciones materiales, profesionales y técnicas para su organización y desenvolvimiento, garantizando a todos los habitantes el acceso a su práctica sobre la base de la igualdad de oportunidades”.
Además destacó que ahora asegura, a través del Consejo provincial del deporte, “la participación de la comunidad deportiva en la elaboración, definición y coordinación de la política deportiva provincial”.
Además, el dirigente apuntó que “es de destacar que se preservará la existencia de las instituciones deportivas con fines sociales, protegiendo su infraestructura”.
Amparo por mora en la Constitución
La constitución provincial reformada incorporará la posibilidad de presentar amparo por mora en la resolución de trámites administrativos ante el Estado.
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Cualquier empleado que haya presentado un recurso que esté demorando más de la cuenta podrá presentarse ante un juez para reclamar y el magistrado podrá intimar a la repartición involucrada para que resuelva por sí o por no en 10 días. Si a pesar de todo no lo hace, quedará abierta la vía judicial para continuar la queja.
En la 20º sesión ordinaria de la convención constituyente que se realizó este jueves, en el auditorio del Consejo general de educación (CGE), los convencionales aprobaron la garantía a una vivienda digna para cada entrerriano; avanzaron en derechos humanos para las cárceles y lugares de internación forzada; incorporaron la protección a las entidades deportivas y sancionaron la reforma por la que cualquier persona que figura en un banco de datos podrá acceder al registro para conocer qué información existe sobre su persona o familiares, y solicitar su modificación.
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El pleno aprobó por unanimidad el proyecto de reforma, que pasó a la comisión de redacción para su sintaxis final, que establece que todos los habitantes de la provincia tendrán derecho a una vivienda digna con sus servicios conexos, y al espacio necesario para un desarrollo humano integral.
El nuevo artículo establece que el Estado provincial asegurará y promoverá las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho, en especial a los sectores de menores recursos. Para ello, planificará y ejecutará una política habitacional concertada con los municipios e instituciones que lo requieran con el aporte solidario de los interesados y del Estado.
Derechos humanos en cárceles entrerrianas
Por otro lado, los convencionales sancionaron el artículo por el que se dispone que las cárceles y cualquier lugar de internación forzada de personas deberán constituir centros de seguridad, capacitación y tratamiento integral de los internos. Según el texto, la ejecución de la pena privativa de la libertad tiene como finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, por lo que constituirá falta grave todo rigor innecesario infligido a los internos.
Además determina que la ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, estará sometida a permanente y efectivo contralor judicial.
En tanto, las mujeres privadas de su libertad, deberán ser alojadas en establecimientos especiales, garantizando a las madres de niños menores de cinco años, espacios para convivir con ellos. Si el Estado no cumpliera con este mandato, las detenidas embarazadas o con niños cumplirán arresto domiciliario.
Asimismo fija que los menores privados de su libertad no pueden ser alojados en establecimientos de detención de adultos.
Por otro lado establece que toda persona declarada inocente respecto de una imputación por la que hubiese sido privada de su libertad de manera infundada o que se revele irracional en el curso del proceso, tendrá derecho a que el Estado provincial, de acuerdo con la ley, lo indemnice por el daño sufrido.
Habeas data
Desde la puesta en vigencia de la nueva Constitución, toda persona tendrá derecho a interponer acción expedita, rápida y gratuita de habeas data para tomar conocimiento de los datos referidos a ella, a su cónyuge, a sus hijos menores, a sus familiares directos fallecidos, o a sus propios bienes, así como de la fuente, finalidad y destino de los mismos que consten en todo registro, archivo o banco de datos públicos o privado de carácter público, o que estuviesen almacenados en cualquier medio técnico apto para proveer informes.
En caso de falsedad o uso discriminatorio de tales datos podrá exigir sin cargo alguno, la inmediata rectificación o actualización de la información falsa, o a la supresión o confidencialidad de la sensible.
Sin embargo se aclaró, para preservar la libertad de prensa, que el ejercicio de ese derecho no podrá afectar las fuentes de información periodística ni el secreto profesional.
Protección a entidades deportivas
Además, se sancionó el artículo por el que el Estado provincial reconocerá al deporte como un derecho social y promoverá el desarrollo de la actividad deportiva como un medio de formación integral de la persona, facilitando las condiciones materiales, profesionales y técnicas para su organización y desenvolvimiento, garantizando a todos los habitantes el acceso a su práctica sobre la base de la igualdad de oportunidades.
Además se reconoce y asegura, a través del Consejo provincial del deporte, la participación de la comunidad deportiva en la elaboración, definición y coordinación de la política deportiva provincial.
Asimismo se preservará, en un marco de solidaridad comunitaria y educativa, la existencia de las instituciones deportivas con fines sociales, protegiendo su infraestructura.
De la redacción de Agencia de Informaciones Mercosur (AIM)
Díaz / “El deporte como derecho social es muy importante”
Que los convencionales constituyentes hayan aprobado este jueves incorporar al deporte como un derecho social, que se promueva el desarrollo de la actividad deportiva y que se proteja la infraestructura de las instituciones deportivas con fines sociales “es un gran avance y reconocimiento para quienes trabajan en esto día a día”, afirmó el presidente de la Confederación entrerriana del deporte, Jorge Ruiz Díaz.
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Luego de la sanción del proyecto de reforma, Ruiz Díaz dijo a AIM que “es un reconocimiento para todos los dirigentes deportivos que trabajan en los clubes, que dejan su familia, su trabajo y se abocan al beneficio de las demás personas”.
En ese contexto, señaló que es muy importante que “el Estado provincial reconozca al deporte como un derecho social y promueva el desarrollo de la actividad deportiva como un medio de formación integral de la persona, facilitando las condiciones materiales, profesionales y técnicas para su organización y desenvolvimiento, garantizando a todos los habitantes el acceso a su práctica sobre la base de la igualdad de oportunidades”.
Además destacó que ahora asegura, a través del Consejo provincial del deporte, “la participación de la comunidad deportiva en la elaboración, definición y coordinación de la política deportiva provincial”.
Además, el dirigente apuntó que “es de destacar que se preservará la existencia de las instituciones deportivas con fines sociales, protegiendo su infraestructura”.
Amparo por mora en la Constitución
La constitución provincial reformada incorporará la posibilidad de presentar amparo por mora en la resolución de trámites administrativos ante el Estado.
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Cualquier empleado que haya presentado un recurso que esté demorando más de la cuenta podrá presentarse ante un juez para reclamar y el magistrado podrá intimar a la repartición involucrada para que resuelva por sí o por no en 10 días. Si a pesar de todo no lo hace, quedará abierta la vía judicial para continuar la queja.
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