Histórico: la Constitución tendrá un capítulo sobre ambiente

Se desalentará la compra de tierras por extranjeros


El pleno de la convención constituyente aprobó hoy, en la vigésima segunda sesión ordinaria, el dictamen que establece la imposibilidad de privatizar la provisión de agua potable, el resguardo contra el latifundio y el desgaste del suelo, la creación de un organismo específico para la política ambiental y la reivindicación del derecho de Entre Ríos a reclamar a la nación, compensaciones por el uso y explotación de sus recursos naturales.

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Luego de seis horas de extenso debate, pasadas las 15, el pleno de la convención votó por unanimidad el capítulo de Medio ambiente para el texto de la nueva Constitución entrerriana. Convencionales de la oposición marcaron disidencias en algunos artículos que fueron aceptadas en la discusión en particular.


Los fundamentos
El miembro informante por la comisión de Producción, trabajo y Desarrollo sustentable, Luís Márquez (FPV), señaló en su alocución que “este es uno de los capítulos más importantes de esta reforma. Un capítulo que habla del ambiente, tema que hace 75 años, lógicamente no era preocupación de los convencionales del 33. Con el transcurrir del tiempo, la sociedad y en especial la entrerriana, cada vez más requiérela Estado que encuentre mecanismos de convivencia”, destacó.

El convencional oriundo de Victoria contextualizó la situación en que atravesó el debate por particularidad geográfica de la provincia, y señaló que por eso se buscó el equilibrio indispensable entre la legislación entrerriana y la que corresponde a las provincias vecinas, a la nación y a los países limítrofes. “Hemos sido absolutamente respetuosos de la pirámide jurídica”.

El despacho, dijo, “analiza el problema en lo social, lo ambiental y lo económico. Tengan la plena tranquilidad que nos tratamos de ubicar en el equilibrio, en el punto medio de estas tres esferas”.

Se refirió al párrafo que contempla al agua, “a la que se la declara como derecho humano y acerca de lo cual se dice que el único que puede garantizar el servicio de agua potable es el Estado”. Y advirtió: “si es un derecho humano, si le damos al Estado la prestación del servicio, consideramos que había que darle participación al usuario en la administración de este servicio”, e hizo referencia a la cláusula dedicada al “consumo responsable ya que alude a la responsabilidad de conjunto de los entrerrianos”.

Luego de repasar las experiencias de otras provincias cuyos recursos naturales ofrecen gas, petróleo y otros minerales, lamentó: “hoy nos dicen que somos ricos los entrerrianos pero no entra un peso a las arcas provinciales por la explotación de nuestros recursos”.

“Han sido cuatro meses de mucho trabajo y esfuerzo, se trabajó con humildad, con una fuerte responsabilidad en lograr el mejor texto. Y es éste porque es el fruto del consenso, del trabajo en equipo. Intentamos que tuviera un lenguaje jurídico y técnico pero que, por otro lado, fuera accesible a todos los ciudadanos. El espíritu fue estar a la altura de los tiempos que vengan”.

Valoran la aprobación del texto sobre sustentabilidad y ambiente
Por su parte, la miembro informante de la Coalición cívica-partido Socialista (CC-PS), Marcela Haiek, destacó que se atraviesa “un momento histórico en la consolidación de los derechos y las políticas relativas a la construcción de sociedades sustentables en nuestra Provincia”. Además señaló que el texto que se trató en el debate “contiene normas que pretenden dar un marco jurídico-político para esa construcción desde el ambiente”.

Recordó al doctor Ricardo Lorenzetti, cuando refiere a ambiente e indica: “'se trata de problemas que convocan a todas la ciencias y saberes, las convoca a una nueva fiesta, con la condición que cada una traiga un nuevo vestido'. En el caso del derecho, “la invitación es amplia abraca lo publico y privado, lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, con la condición que se adopten nuevas características”.

Y explicó que los principios ambientales y en particular los instrumentos de política ambiental, “profundizarán la necesaria armonía e integración de la democracia representativa con la participativa, en esa búsqueda de la democracia intensiva”.

Respecto de la soberanía alimentaria, la convencional definió que ésta deberá ser “la autodefinición de lo que se produce para la alimentación y lo que servirá como alimento para los entrerrianos. Complementamos normas nacionales e internacionales desde la lucha de los movimientos ciudadanos, como lo fue la resistencia contra la represa de Paraná Medio, la defensa del bosque nativo y ahora la faraónica defensa de la cuenca del río Uruguay frente a un modelo hegemónico e imperial que pretende imponernos escenarios de desarrollo para unos pocos, y excluyentes de las mayorías de los pueblos de nuestro cono sur”.

Además realizó una enfática defensa sobre “la libertad de nuestros ríos y la preservación de los sistemas de humedales, todo eso en el marco de la parte de la norma que regula las aguas en la Provincia. Es de destacar que en ella se consagra el derecho de acceso al agua potable y su saneamiento como derechos humanos fundamentales; por eso se tomó la decisión política de no privatizar el servicio de agua potable y así se consagró en la norma”.

También indicó que además se contempla “el difícil y desafíante tema del cambio climático, colocando la obligación del estado de mitigar las consecuencias del mismo para adoptar las medidas necesarias para dar respuesta a lo que se produzca”.

Por último concluyó: “debemos asumir, que somos parte de una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza y negado a las culturas alternas. Para contribuir a la modificación de esos conceptos es que aprobamos esta norma, que se hará operativa con la educación y la participación ciudadana".

Además actuaron como miembros informantes del dictamen las convencionales Zulema Schoenfeld (FJV) y Griselda De Paoli, por la UCR.

Lo que dirá la Constitución
A partir de ahora, se considerará al ambiente como “patrimonio común de todos los habitantes de la provincia, quienes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades humanas sean compatibles con el desarrollo sustentable, mejorando la calidad de vida y satisfaciendo las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Tienen asimismo el deber de preservarlo, resguardarlo y mejorarlo”.

El texto aprobado determina que el Estado fijará la política ambiental y garantizará la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad.

Asimismo asegurará la preservación, recuperación y mejoramiento de los ecosistemas y sus corredores biológicos, promoviendo su gestión racional y sustentable y garantizará la conservación de la diversidad biológica y la utilización sustentable de sus componentes, promueve la creación de bancos, de titularidad estatal, de reservas genéticas de especies. Además se prohíbe la introducción de especies exóticas perjudiciales.

Por otro lado, en resguardo de la integridad ambiental, promoverá el consumo responsable, el uso de tecnologías y elementos no contaminantes y la utilización de las prácticas disponibles más avanzadas y seguras. Promueve una gestión integral y sustentable de los residuos orgánicos e inorgánicos, su eventual reutilización y reciclaje. Fomenta la incorporación de fuentes de energías renovables y limpias.

Por otro lado, crea un órgano de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental.

Recursos naturales
Ahora, los recursos naturales existentes en la provincia corresponden al dominio originario del Estado entrerriano, que ejerce el control y potestad sobre los mismos a los fines de la preservación, conservación y defensa, pudiendo disponer de ellos mediante leyes que aseguren su uso racional y sustentable, y contemplen las necesidades locales.

En ese contexto, la provincia reivindica su derecho a obtener compensaciones del Estado Nacional por los ingresos que éste obtenga, directa o indirectamente, por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales provinciales de dominio originario.

En tanto el agua, es considerada como un recurso natural, colectivo y esencial para la vida, la salud, y el desarrollo integral de las personas y la perdurabilidad de los ecosistemas. Por lo que, el servicio público de suministro de agua potable no podrá ser privatizado, a excepción de las cooperativas y consorcios vecinales que son prestadores del servicio conjuntamente con el Estado.

Política de tierra
El capitulo que pasó a la comisión de redacción para su sintaxis final, determina que el Estado promoverá la unidad económica productiva mediante leyes que contemplen el arraigo del productor entrerriano, el crecimiento y desarrollo progresivo de las actividades productivas locales y el estímulo de la tenencia de la tierra por los residentes de la provincia.

Conforme a ello, la legislación provincial y municipal desalentará la especulación y la existencia de latifundios que atenten contra la productividad y el bienestar de los entrerrianos, mediante regímenes tributarios, alícuotas progresivas.

Áreas protegidas y bosque nativo
Por otro lado, se propicia la creación de áreas protegidas mediante la sanción de normas especiales que así las declaren, sobre la base de estudios técnicos. Asimismo, reconoce el derecho de los propietarios de áreas protegidas a recibir las compensaciones económicas y exenciones impositivas que le correspondan de acuerdo a las condiciones que por ley se establezcan.

Sobre el bosque nativo, se establece que el Estado tendrá a su cargo la gestión sustentable de los bosques nativos y las selvas ribereñas del territorio provincial, por lo que garantizará su preservación, fomentando actividades que salvaguarden la estabilidad ecológica y preservación de las especies autóctonas.

Sobre el suelo, determina que es un recurso natural y permanente de trabajo, producción y desarrollo y “debe ser objeto de un aprovechamiento racional para el adecuado cumplimiento de su función social, ambiental y económica”.

El Estado tendrá que garantizar la preservación y recuperación del suelo y procurará evitar la pérdida de fertilidad, su degradación y erosión, y regular el empleo de las tecnologías de aplicación.


Otros temas

Tras sesionar durante más de 10 horas, el pleno de este viernes sancionó los despachos relacionados con los órganos autónomos de control, los derechos humanos en tratados internacionales, el trato igualitario y la tutela judicial efectiva, el derecho a la identidad y la libertad de expresión.