Vivienda digna, derechos a presidiarios y habeas data
En la 20º sesión ordinaria de la convención constituyente que se realizó este jueves, en el auditorio del Consejo general de educación (CGE), los convencionales aprobaron la garantía a una vivienda digna para cada entrerriano; avanzaron en derechos humanos para las cárceles y lugares de internación forzada; incorporaron la protección a las entidades deportivas y sancionaron la reforma por la que cualquier persona que figura en un banco de datos podrá acceder al registro para conocer qué información existe sobre su persona o familiares, y solicitar su modificación.
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El pleno aprobó por unanimidad el proyecto de reforma, que pasó a la comisión de redacción para su sintaxis final, que establece que todos los habitantes de la provincia tendrán derecho a una vivienda digna con sus servicios conexos, y al espacio necesario para un desarrollo humano integral.
El nuevo artículo establece que el Estado provincial asegurará y promoverá las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho, en especial a los sectores de menores recursos. Para ello, planificará y ejecutará una política habitacional concertada con los municipios e instituciones que lo requieran con el aporte solidario de los interesados y del Estado.
Derechos humanos en cárceles entrerrianas
Por otro lado, los convencionales sancionaron el artículo por el que se dispone que las cárceles y cualquier lugar de internación forzada de personas deberán constituir centros de seguridad, capacitación y tratamiento integral de los internos. Según el texto, la ejecución de la pena privativa de la libertad tiene como finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social, por lo que constituirá falta grave todo rigor innecesario infligido a los internos.
Además determina que la ejecución de la pena privativa de la libertad, en todas sus modalidades, estará sometida a permanente y efectivo contralor judicial.
En tanto, las mujeres privadas de su libertad, deberán ser alojadas en establecimientos especiales, garantizando a las madres de niños menores de cinco años, espacios para convivir con ellos. Si el Estado no cumpliera con este mandato, las detenidas embarazadas o con niños cumplirán arresto domiciliario.
Asimismo fija que los menores privados de su libertad no pueden ser alojados en establecimientos de detención de adultos.
Por otro lado establece que toda persona declarada inocente respecto de una imputación por la que hubiese sido privada de su libertad de manera infundada o que se revele irracional en el curso del proceso, tendrá derecho a que el Estado provincial, de acuerdo con la ley, lo indemnice por el daño sufrido.
Habeas data
Desde la puesta en vigencia de la nueva Constitución, toda persona tendrá derecho a interponer acción expedita, rápida y gratuita de habeas data para tomar conocimiento de los datos referidos a ella, a su cónyuge, a sus hijos menores, a sus familiares directos fallecidos, o a sus propios bienes, así como de la fuente, finalidad y destino de los mismos que consten en todo registro, archivo o banco de datos públicos o privado de carácter público, o que estuviesen almacenados en cualquier medio técnico apto para proveer informes.
En caso de falsedad o uso discriminatorio de tales datos podrá exigir sin cargo alguno, la inmediata rectificación o actualización de la información falsa, o a la supresión o confidencialidad de la sensible.
Sin embargo se aclaró, para preservar la libertad de prensa, que el ejercicio de ese derecho no podrá afectar las fuentes de información periodística ni el secreto profesional.
Protección a entidades deportivas
Además, se sancionó el artículo por el que el Estado provincial reconocerá al deporte como un derecho social y promoverá el desarrollo de la actividad deportiva como un medio de formación integral de la persona, facilitando las condiciones materiales, profesionales y técnicas para su organización y desenvolvimiento, garantizando a todos los habitantes el acceso a su práctica sobre la base de la igualdad de oportunidades.
Además se reconoce y asegura, a través del Consejo provincial del deporte, la participación de la comunidad deportiva en la elaboración, definición y coordinación de la política deportiva provincial.
Asimismo se preservará, en un marco de solidaridad comunitaria y educativa, la existencia de las instituciones deportivas con fines sociales, protegiendo su infraestructura.
De la redacción de Agencia de Informaciones Mercosur (AIM)
Díaz / “El deporte como derecho social es muy importante”
Que los convencionales constituyentes hayan aprobado este jueves incorporar al deporte como un derecho social, que se promueva el desarrollo de la actividad deportiva y que se proteja la infraestructura de las instituciones deportivas con fines sociales “es un gran avance y reconocimiento para quienes trabajan en esto día a día”, afirmó el presidente de la Confederación entrerriana del deporte, Jorge Ruiz Díaz.
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Luego de la sanción del proyecto de reforma, Ruiz Díaz dijo a AIM que “es un reconocimiento para todos los dirigentes deportivos que trabajan en los clubes, que dejan su familia, su trabajo y se abocan al beneficio de las demás personas”.
En ese contexto, señaló que es muy importante que “el Estado provincial reconozca al deporte como un derecho social y promueva el desarrollo de la actividad deportiva como un medio de formación integral de la persona, facilitando las condiciones materiales, profesionales y técnicas para su organización y desenvolvimiento, garantizando a todos los habitantes el acceso a su práctica sobre la base de la igualdad de oportunidades”.
Además destacó que ahora asegura, a través del Consejo provincial del deporte, “la participación de la comunidad deportiva en la elaboración, definición y coordinación de la política deportiva provincial”.
Además, el dirigente apuntó que “es de destacar que se preservará la existencia de las instituciones deportivas con fines sociales, protegiendo su infraestructura”.
Amparo por mora en la Constitución
La constitución provincial reformada incorporará la posibilidad de presentar amparo por mora en la resolución de trámites administrativos ante el Estado.
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Cualquier empleado que haya presentado un recurso que esté demorando más de la cuenta podrá presentarse ante un juez para reclamar y el magistrado podrá intimar a la repartición involucrada para que resuelva por sí o por no en 10 días. Si a pesar de todo no lo hace, quedará abierta la vía judicial para continuar la queja.
14.8.08
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